Constitucionalismo liberal, igualdad formal y desigualdad económica.

En esta comunicación se expresa la necesidad de aproximarse a una cuestión escasamente tratada por la bibliografía como es la creación de un marco constitucional y de unidad política por parte de las elites políticas que permitan a través de la figura jurídica del ciudadano una igualdad formal entre los hombres en la primera mitad del siglo XIX.

Este trabajo de investigación supone la unificación de dos líneas de estudio sostenidas en los últimos años; por una parte, la historia del derecho mercantil, y, por otra parte, la historia del derecho constitucional, materia en la que actualmente imparto docencia como profesor en las Universidades de Huelva y la Rey Juan Carlos. Una simbiosis entre la historia constitucional y la historia mercantil estrechamente unidas en base a unas ideas liberales y tardoilustradas que comienzan a finales del siglo XVIII y que se desarrollan durante la primera mitad del siglo XIX y que vertebran la legislación nacional en forma de Constitución y en forma de códigos, principalmente el mercantil.

No pretende esta comunicación en un exhaustivo estudio del primer liberalismo constitucional, sino que el interés del tema invita a continuar madurando algunos planteamientos. Entre ellos, la relación entre la economía, el derecho codificado y la construcción de la constitución-nación que desenvuelve el entramado liberal de la primera mitad del siglo XIX.

El constitucionalismo liberal sigue unos planteamientos doctrinales superiores a las fronteras nacionales siguiendo unos parámetros similares, principalmente por la influencia efectuada por los principios de la Constitución gaditana de 1812.

Se ha planteado la negativa visión de las influencias liberales en la construcción de los diversos estados latinoamericanos, atribuyéndole determinados elementos propios del constitucionalismo del siglo XX a sus primeras constituciones. Sin embargo, se trata de un anacronismo que ha otorgado al liberalismo de principios del siglo XIX que cumpla el programa político más avanzado de las democracias occidentales como son las manifestaciones sociales y democráticas y la soberanía popular del Estado de Derecho del siglo XX.

Más allá de las constituciones proyectadas, aprobadas y anuladas por la vía de hecho, se debe otear el horizonte para percibir los cambios profundos no sólo en lo referido a las cuestiones jurídicas y políticas sino también a las sociales y económicas que se produjeron desde los primeros años constitucionales con la aprobación legislativa de leyes que ocasionaron la formación de instituciones y gobiernos de signo liberal y la relación de estos con los nuevos ciudadanos, dejando fuera del acceso de la tierra a una importante masa de campesinos mediante leyes de desamortización o desvinculaciones o el uso legislativo de abolición de los gremios, la aprobación de Códigos Mercantiles y Civiles, las ventas de temporalidades de algunas comunidades, etc. Unos medios que excluyeron de oficios y tierras a un número altísimo de ciudadanos.

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