PACE UMCE: La educación como un derecho y la implementación de una política de acción afirmativa

El derecho a la educación es consagrado en el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Para el cumplimiento de exigencia la educación debía ser gratuita y obligatoria, al menos en nivel primario, se debía generalizar la instrucción técnica y profesional y promover la igualdad en el acceso a los estudios superiores en función de los méritos respectivos. De esta forma, UNESCO la considera Derecho Fundamental y la Agenda Mundial de Educación 2030 así también lo avala.

A pesar, que la gran mayoría de los países ha ratificado los tratados internacionales que reconocen el derecho a la educación, (OHCHR, 2020) actualmente existen millones de personas en el mundo que no acceden a ella debido a la falta de recursos, de capacidad y también voluntad política (UNESCO, 2020).  Aun existen países que no han incorporado el derecho a la educación en su constitución nacional o no han proporcionado los marcos legislativos y administrativos para garantizar que se ejerza en la práctica. La mayoría de quienes carecen de este derecho pertenecen a grupos más necesitados y marginados de la sociedad, a quienes no llegan las políticas nacionales (RTE, 2020). Es una situación que afecta especialmente el acceso a la educación superior, según consta en el informe anual de Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe (OCDE et al, 2020), Latinoamérica es una de las regiones más desiguales del mundo, lo que coincide con los niveles educacionales que presenta.

Chile un país que ratifica acuerdos, pactos, convenciones y tratados internacionales en materia de Educación, ha impulsado una serie de iniciativas orientadas a favorecer la equidad, en un esfuerzo por disminuir el efecto segregador que el modelo de estado subsidiario ha generado fuertemente en el ámbito educativo.

Como parte de las iniciativas, el año 2014 se crea el Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE). Es una iniciativa que integran distintas Universidades (29 públicas y privadas) que comprometen cupos a sus distintas carreras, para jóvenes de establecimientos públicos de educación secundaria de contextos vulnerados, cuyos proyectos de vida pudieron ser limitados por esas condiciones. Para apoyarlos se establecen acuerdos de trabajo conjunto entre los establecimientos y las Instituciones de Educación Superior para desarrollar estrategias de acompañamiento y fortalecimiento de las trayectorias de los jóvenes. La iniciativa promueve la valoración de su desempeño escolar como requisito para acceder a la educación superior y  desarrolla una serie de acciones de acompañamiento, en el nivel escolar y universitario para favorecer su inserción en la Universidad.

El trabajo da cuenta de los resultados de una investigación de carácter interpretativo que buscó describir las acciones de acompañamiento a través de una práctica inclusiva y, los factores de desigualdad presentes en las trayectorias de los estudiantes beneficiarios. Los hallazgos encontrados provienen de los beneficiarios directos de programa, donde se expresa su valoración a lo realizado en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE).

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