Territorios indígenas y áreas no municipalizadas en Colombia

Colombia cuenta actualmente con dieciocho (18) territorios denominados áreas no municipalizadas ubicados en los departamentos de Amazonas, Vaupés y Guainía, los cuales no alcanzan a cumplir los requisitos mínimos para ser reconocidos como entidades territoriales, de acuerdo con las posibilidades establecidas en la Constitución Política (1991). Debido a ello, la administración de los asuntos propios de sus comunidades se encuentra en manos de la entidad territorial de nivel intermedio (departamento) dentro de la que se ubican. No obstante, la falta de formalización de estos territorios hace evidente, principalmente, la incapacidad del marco normativo para reflejar sus particularidades sociales, culturales, económicas y geográficas, en tanto se trata de zonas predominantemente selváticas con niveles bajos de densidad poblacional y cuyos habitantes son principalmente comunidades indígenas.

Como es bien sabido, en Colombia el régimen municipal es de carácter uniforme, dando lugar a que se desconozcan las diferencias existentes entre los municipios a lo largo del territorio nacional mediante la asignación del mismo tipo de autoridades, de formas de organización administrativa y de funciones. Además, como se mencionó antes, dicho régimen no alcanza a cubrir todo el territorio nacional, dejando por fuera a las áreas no municipalizadas. Lo anterior a pesar de que desde la misma Constitución se abrió la posibilidad de crear las denominadas Entidades Territoriales Indígenas a través de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, pero cuya expedición no las materializó. Tampoco se ha tomado en cuenta la existencia de normas internacionales como el Convenio No 169 de la OIT (1989) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007) en las que se establece que los estados deben reconocer los derechos de los pueblos indígenas en relación con la ocupación, posesión y participación de los beneficios inherentes al territorio y con sus vínculos culturales, ancestrales y sagrados. Además, a los estados también les corresponde el reconocimiento de los derechos políticos y de la posibilidad de autodeterminación de estos pueblos para la conducción de sus asuntos particulares mediante la creación de entes autónomos.

Aunque es evidente que Colombia no ha logrado concretar los propósitos planteados en las normas internacionales y en la misma Constitución de 1991, la situación es similar si se la compara con Ecuador cuya constitución (1998) incluyó las Circunscripciones Territoriales Indígenas (TCO), las cuales nunca fueron reglamentadas legalmente. En Bolivia, por su parte, reconocido como un estado plurinacional, se ha avanzado más en esta materia, ya que cuenta con las Autonomías Indígenas Originario Campesinas (AIOC) las cuales pueden reconocerse por la vía municipal como sucedió en 2010, o a través de los Territorios Indígenas Originario Campesinos (TIOC) los cuales, no obstante, exigen un procedimiento particular cuya materialización sigue pendiente. Los estados más adelantados en este tema en nuestra región son Panamá y Nicaragua. El primero de ellos configuró las denominadas comarcas indígenas cuya existencia data del año 1953 y el segundo estableció las regiones autónomas (1987). En ambos casos estas entidades les permiten a las comunidades allí asentadas establecer sus propias funciones, sus autoridades de gobierno y sus propias formas de organización.

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